Para evitar un remate judicial actúa pronto: negocia o refinancia con el acreedor, vende el inmueble antes de la subasta para pagar la deuda, acude a la insolvencia de persona natural o paga el crédito y las costas antes de la adjudicación.
El avalúo define cuánto vale el bien en el remate judicial: la base es el 70 % del avalúo y la consignación el 40 %. Para inmuebles, la ley permite usar el avalúo catastral incrementado en un 50 % o un dictamen pericial si ese valor no refleja el precio real.
La nulidad del remate procede por irregularidades que afecten su validez, como fallas en la publicación del aviso, en el avalúo o en la notificación. Por regla general debe alegarse antes de la adjudicación; después, las irregularidades se consideran saneadas.
Para suspender un remate judicial hay pocas vías: pagar la deuda y las costas antes de la adjudicación, llegar a un acuerdo con el acreedor que solicite la suspensión, iniciar un proceso de insolvencia de persona natural o alegar a tiempo irregularidades del procedimiento.
Comprar casa en remate judicial es seguro si estudias el expediente antes de ofertar. Los riesgos más comunes son la ocupación del inmueble, las deudas de predial y administración y las nulidades pendientes; todos se pueden detectar y presupuestar.
El impuesto de remate es del 5 % del valor final por el que se adjudica el bien. Lo paga el rematante dentro de los cinco días siguientes a la audiencia, junto con el saldo del precio; si no lo paga, el remate se imprueba.
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